La procuradora especializada en délitos de lavado de activos, Julia Príncipe, fue destituída -en términos de Gustavo Adrianzén- por incurrir en "una seria inconducta funcional", al declarar a la prensa sin seguir los trámites regulares. 

Sí. Básicamente, la cesaron por una pataleta del ministro. Bueno, ex-ministro, ya que renunció a su puesto hace unas horas. A la ex-procuradora se le había iniciado una investigación por sus declaraciones públicas acerca de las supuestas agendas de Doña Nadine Heredia.

Ayer, el Premier Pedro Cateriano indicaba a los medios que el Congreso debía ser mesurado y evitar las censuras a portas del anuncio de las elecciones por parte del Presidente Ollanta Humala. En sus palabras, los padres de la patria no deberían dar pie a la inestabilidad política y al desgobierno. 

Entonces, ¿por qué Cateriano decidió avalar la decisión de Adrianzén al abrir la investigación en contra de Príncipe y firmó la Resolución de su destitución? Más aún, cabe preguntarse por los argumentos sustantivos que motivaron al Presidente de la República a firmar la misma. ¿No le parece, señor Humala, que es altamente inestable para la democracia nacional que el Presidente le ponga fin a la relación contractual de una procuradora que investiga a su esposa?

La ex-procuradora dijo hoy que era evidente que el Gobierno se estaba quitando una piedra del zapato. Este parece ser un despido injustificado que tendrá que ser resuelto por el fuero competente, en lo que asumimos, un fallo objetivo. 

¿Qué nos deja ésta situación? Una obligatoria revisión a la norma vigente. Recordemos que los procuradores atienden al Estado Peruano y no a los intereses de los gobernantes de turno. De tal forma que sus opiniones y acciones deben ser plenamente independientes. El famoso permiso que los procuradores deben pedir es inconstitucional (no hay más que darle una revisada). "Todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión sin previa autorización, censura ni impedimento alguno". Asimismo, contraviene con la declaratoria de Derechos Humanos (a la que nos encontramos legalmente vinculados). 

En conclusión, esa norma debe ser derogada; pero ya!

Lamentablemente, ésta "decisión" es vergonzosa y hace exactamente lo que el Premier Cateriano instaba a no hacer: atenta contra la estabilidad política, incrementa el desgobierno, nos da las señales equivocadas respecto del respeto del Estado de Derecho, y realmente alienta una democracia de patas cortas en el país. 

Finalmente, nos queda una pregunta en el aire; ¿cuáles son los incentivos para los profesionales capacitados para ocupar el cargo, en un escenario donde no se asegura independencia y se amenaza con cortarle el cuello al actuar en contra de los intereses del gobernante de turno?